Un juez inconstitucional ataca al periodismo

El artículo 20 de la Constitución dice textualmente: “La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”

Es decir, defiende el trabajo del periodista, que debe trabajar con las fuentes que le permiten conocer determinadas noticias que traslada a sus lectores u oyentes. Gracias a este trabajo informativo el periodista lleva a cabo su obligación de traslado de sus descubrimientos y puede hacer llegar, en su medio de comunicación, las noticias que la sociedad debe conocer.

No hace falta decir, que gracias a esta labor informativa llegan a la sociedad informaciones, que de otra forma no conocería, pero que permiten al periodista descubrir y hacer posible su general conocimiento.

Así se han conocido casos como la corrupción generalizada del PP y de otros partidos políticos: se ha desvelado la verdad en torno a la Manada: se pueden conocer las manipulaciones informativas que los políticos  llevan a cabo, manteniendo privilegios, “puertas giratorias” y otros oscuros intereses, que como otros muchos  delitos, no se conocerían si no fuese por la colaboración de quienes son “la fuente” que facilita la labor informativa que llevan a cabo con su trabajo los periodistas.

Parece incomprensible que sea un juez – que debe conocer la Constitución – quien de forma inconstitucional se salte a la torera la Carta Magna y pueda cometer un delito. pero así ha ocurrido y se trata una vez más de la aplicación  de la nefasta “Ley Mordaza”, que puso en marcha hace la tiempo el Partido Popular y que – aunque parezca paradójico – el PSOE, al llegar al poder, no ha sido capaz de anular.

Es curioso que Pedro Sánchez – tras acceder al poder del Ejecutivo – y habiendo denunciado diferentes leyes que atentan contra la libertad y condenado la corrupción del PP, no sea capaz de echar abajo, todo lo que supone la limitación de las libertades, que era algo inevitable para poner orden en el funcionamiento de la Justicia en este país.

Tenemos pues una Justicia en permanente desequilibrio, que tiende hacia errores nada justificados – véase la interpretación del resultado del juicio de la Manada – y que con esta acción inconstitucional llevado a cabo con los periodistas de Baleares, demuestra una vez más que hasta un juez puede incumplir lo que dicta la Constitución.